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Esta columna no solo hace críticas, también a menudo hace reconocimientos. El transcurrir de la sociedad siempre se presenta como un cuadro convulso de luces y sombras. Hoy quiero referirme a hechos que me parecen alentadores y reclamar atención sobre otros preocupantes.

Alentador el descenso enorme de muertes por violencia política debido al fin definitivo de las hostilidades entre fuerzas oficiales y el movimiento insurgente de las Farc-Ep. Veredas más tranquilas y camas vacías en el Hospital Militar Central en Bogotá son hechos ciertos. Las partes están cumpliendo. Sin embargo, hay fallas en la amnistía y en la seguridad de los exguerrilleros. Centenares siguen en las cárceles. Alarman las muertes aleves de reintegrados o sus familiares.

Alentador el cese de fuego y hostilidades pactado por 101 días (octubre 1° a enero 9) entre el Gobierno y el Eln. Así sea temporal, el hecho de dialogar sin disparar contribuirá a la credibilidad que tanto necesita el proceso de Quito. Alentadora la extraordinaria noticia de que las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Agc, o Clan del Golfo, decidieron adelantar un proceso de acogimiento a la justicia. La información fue dada por el jefe del grupo, alias Otoniel, y corroborada por el vicepresidente Óscar Naranjo. Alentador haber logrado la prohibición constitucional del paramilitarismo que por momentos estuvo en vilo.   

Ello ocurre cuando el paso del papa Francisco por estas tierras, rodeado de multitudes, dejó esbozada una ruta hacia la reconciliación que ya, en el marco de la Semana por la Paz, produjo un significativo encuentro de víctimas con excomandantes paramilitares, excomandantes guerrilleros y un general en retiro de las Fuerzas Armadas oficiales, precisamente para presentar experiencias e iniciativas sobre la construcción de reconciliación.

¿Serán estas manifestaciones las que permitieron al presidente Santos expresar en la Asamblea General de la ONU que “las noticias de Colombia ahora no son de muerte sino de vida”? Ojalá la verdad fuera completa y se reconociera que hay una falta de garantías mínimas para los excombatientes guerrilleros y que menos garantías hay aún para los activistas y dirigentes de la protesta social, participantes en revocatorias y consultas sobre minería e hidrocarburos, reclamantes de tierras, líderes medioambientales, defensores de derechos humanos, dirigentes de víctimas… La gravedad de los atentados persistentes contra dirigentes y activistas sociales no se puede soslayar.

El problema se analiza y se ofrecen pistas de solución en diferentes instancias. Acaba de aparecer el informe "Stop Wars", "Paren la Guerra", en tres nutridos volúmenes debidos al experimentado trabajo del Programa Somos Defensores. Las plataformas de derechos humanos buscan la manera de hacer realidad el punto 5.2 de los Acuerdos de La Habana: compromiso con la protección, el respeto y la garantía de los derechos humanos. Mesas y comisiones de garantías se esfuerzan en formular estrategias eficaces.  

Se anuncia una Semana de Indignación que culminaría en movilización el 12 de octubre, con tres grandes objetivos que solo con nombrarlos se advierte su justeza: vida, cumplimiento y participación (15 puntos). Acciones fundadas y legítimas de los movimientos que no pueden ser respondidas con descalificación y represión. Hay que parar la guerra contra los liderazgos sociales y garantizar protesta sin muerte. Paz real es democracia con garantías para todos.     

Se requiere una acción general ampliamente concertada con un norte definido. Por ello se impulsa la idea de una Cumbre Humanitaria a fin de tocar poderes reales que le siguen apostando y apuntando a la cabeza de los líderes sociales. El nuevo Consejo de Paz, Convivencia y Reconciliación, próximo a reunirse, podría contribuir a que el tema se asuma con la seriedad y urgencia debidos.

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Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, 
preocupada por aumento de la violencia en contra de líderes, lideresas,
defensores y población que habita zonas rurales
 
Bogotá, 2 de diciembre de 2016

 
 
 
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha observado durante el año 2016 una violencia persistente en contra de las personas que ejercen la labor de defensa de los derechos humanos en el país, en particular de quienes habitan zonas rurales.
 
Al 30 de noviembre de este año, la Oficina monitoreó con varias fuentes en terreno 35 atentados y 52 homicidios en contra de líderes y lideresas defensoras de Derechos Humanos. Cinco casos más de homicidios  se encuentran aún bajo nuestro análisis, y todos los casos están siendo trabajados a través del mecanismo establecido entre la Oficina y la Fiscalía.
 
Con preocupación, la Oficina observa que el 75 por ciento de las víctimas de homicidio desarrollaban su actividad en ámbitos rurales, y que los métodos de asesinatos y atentados manifiestan mayor grado de sofisticación para encubrir a los autores intelectuales.
 
El primer Acuerdo de Paz se firmó el 26 de septiembre. Desde esa fecha hasta hoy, han ocurrido 13 de los 57 homicidios registrados por la Oficina en 2016. Siete de ellos tuvieron lugar en áreas rurales –incluidos los homicidios recientemente perpetrados en Meta, Caquetá y Nariño- en donde las FARC-EP tenían presencia histórica, y están retirándose.
 
La Oficina observa la confluencia de dos características comunes en las áreas rurales donde han ocurrido estos homicidios:
 
1.     Por una parte la presencia histórica de las FARC-EP, quienes ante la firma del primer Acuerdo de Paz,  iniciaron su traslado hacia las zonas de pre agrupamiento, dejando un vacío en sus sitios históricos, donde actuaban imponiendo un “orden”.
 
Este vacío dejado por las FARC-EP, se profundizó ante la ausencia integral del Estado. Por ejemplo, si hay un problema entre vecinos, antes lo “regulaba” la FARC-EP, hoy lo “regula” la persona más fuerte, mediante el empleo del uso de la fuerza.
 
2.     En segundo lugar, en todas las zonas afectadas por la violencia en Colombia existen pocas alternativas económicas para la supervivencia de las personas, lo que ha llevado a la existencia de economías ilegales, como cultivos ilícitos y minería ilegal.
 
El vacío dejado por las FARC-EP, aunado a la presencia de economías ilícitas, ha favorecido  el surgimiento y expansión de todo tipo de criminalidad, incluyendo la entrada de otros grupos al margen de la ley, quienes se disputan el control de estas economías, afectando los derechos de las personas.       
 
 
“Hemos recaudado y analizado mucha información, recogida directamente por mi Oficina, que denota que el aumento de la violencia en contra de líderes, defensores y defensoras está relacionado con:
“a. El vacío dejado por las FARC-EP en áreas rurales
b. La ausencia del Estado
c. La percepción de ciertos actores que ven a los defensores y defensoras de derechos humanos como obstáculos para lograr sus intereses económicos y políticos
d. La estigmatización contra los y las defensoras
e. El uso de la fuerza para regular conflictos, por parte de la población
f. La disputa entre grupos al margen de la ley por el control de economías ilegales en esas zonas
g. Las pocas posibilidades económicas de subsistencia”, explicó Todd Howland, representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
 
La Oficina observó que esta dinámica de violencia no solo afecta a los líderes, defensores y defensoras, sino también a la población en general, situación que se agudiza por las condiciones de pobreza y marginación históricas, y por la falta de presencia institucional que persiste en zonas rurales de por los menos 22 departamentos del país. La Oficina ha observado este año que los departamentos más afectados por los homicidios contra defensores son Cauca, Antioquia, Norte de Santander y Valle del Cauca.
 
La Oficina reitera que el Estado colombiano debe garantizar la protección y seguridad de la población en general incluyendo a las y los defensores en el contexto actual, en especial por la importancia de su rol para la construcción de la paz y  la consolidación de una sociedad democrática. Estigmatizar a las defensoras y defensores, y señalarlos como colaboradores de grupos al margen de la ley, los pone en alto riesgo y obstaculiza su labor.
 
La Oficina convoca al Estado para que haga presencia integral en las áreas rurales, estableciendo una relación de confianza con las comunidades, y a que ponga en marcha políticas públicas para la materialización de los derechos económicos, sociales y culturales de la población, que permitan superar las causas estructurales de la violencia.
 
La Oficina urge a las entidades competentes del Estado –entre ellas: Alcaldías, Gobernaciones, Ministerios del Interior y a la Unidad Nacional de Protección- a que implementen políticas de prevención del riesgo, adopten medidas idóneas y eficaces para garantizar la vida y la seguridad de las personas, e incluyan y promuevan la participación de las comunidades a nivel político y económico.
 
La Oficina además insta al Ministerio de Justicia para que implemente el Programa de Sistemas Locales de Justicia para Gestionar Conflictividad Social, el cual permitirá comenzar a llenar  los vacíos en las zonas que dejan las FARC-EP, estableciendo mecanismos de convivencia y resolución de conflictos de acuerdo con la normatividad establecida en Colombia.
 
La Oficina llama a la Defensoría del Pueblo para que se fortalezca y despliegue defensores comunitarios en todas las zonas rurales donde la FARC-EP está dejando el territorio.
 
La Oficina insta a la Fiscalía General de la Nación, para que  continúe con su labor de priorización e impulso de las investigaciones que permitan identificar y sancionar a los autores intelectuales de los homicidios perpetrados, sin limitarse al autor material, al igual que a esclarecer los contextos y móviles en los cuales se producen los homicidios para brindar una respuesta integral.
 
Finalmente, la oficina exhorta a la Fuerza Pública a seguir fortaleciendo mecanismos internos  de supervisión y control, que promuevan la transparencia y el desarrollo adecuado de su actividad de conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos.

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