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La guerra en Colombia es la más larga que ha existido en el hemisferio y tal vez una de las más largas a nivel mundial. Para poder encarar lo que han llamado como el “cierre definitivo del conflicto” se necesita analizar al país como una “continuidad histórica”. Nuestra historiografía nueva o antigua ha periodizado el país y han sido pocos los esfuerzos para analizarla en su integridad (guerras civiles, violencia política y conflicto armado interno). En realidad, nuestra república no ha logrado estructurarse como nación y es posible que se transite por conflictos más complejos para consolidar su finalización. En realidad, tenemos un país donde la multiculturalidad y plurietnicidad no se ha integrado como nación.

Estas hipótesis básicas me sirven de manera macro para significar las dificultades que tiene el país en la búsqueda de que bien se podría denominar como el salto cualitativo de nuestra sociedad a un país inviable política y socialmente a un país viable y reconciliado. Nuestras élites políticas, económicas y militares deben entender que cada decisión que se adopte influye en el futuro para que el ciclo de violencia sistémica y estructurada no se vuelva a repetir. Es precisamente, por no tener una valoración como unidad histórica, que como Sisifo; Colombia repite los ciclos de violencia sistémica. Cada ciclo ha engendrado el Tánatos de la siguiente generación.

Cada uno de los acuerdos suscritos con las FARC debe valorarse y aplicarse en una lógica que mire el pasado. Como unidad histórica, no nos hemos preguntado ¿por qué el proceso de inclusión social y política de los guerrilleros de los años 90, contrario a lo esperado, permitió e incentivó que las organizaciones desaparecieran como estructuras políticas?, ¿por qué a pesar de haberse dado un paso tan trascendental con la Constitución de 1991 el país aceptó una suerte de paralelismo de inconstitucionalidad?, ¿por qué la constitución no logró ser el elemento deslegitimador de la violencia política y por el contrario tuvo que llegarse a los máximos umbrales de degradación para lograr los procesos de paz?

Esta reflexión me permite servir de corolario para analizar un solo aspecto de los acuerdos con las FARC la denominada “responsabilidad del mando superior”, aspecto que debe analizarse en su larga trayectoria histórica dada la multiplicidad de amnistías e indultos aplicados en toda la vida republicana de nuestro país. Cada uno de los acuerdos con las FARC en la realidad no se miran en función de la paz sino en función de la continuidad de la guerra. En la lógica foucaultiana, la política se convierte en la continuidad de la guerra por otros medios y bajo esta óptica no se logrará la erradicación de la violencia sistémica iniciando un nuevo ciclo de violencia política y de exterminio con nuevos eufemismos y estadísticas: pos acuerdo, pos conflicto, neo paramilitarismo, etc. Es tan clara esta lógica que se acude a figuras como el “honor militar”, tan fuertes que la relación de amigo – enemigo son determinadas por sectores en sus análisis en los que se refuerza lo que podríamos llamar como el velo de la ignorancia.

El Estatuto de Roma fue construido reconociendo que muchos hombres, mujeres y niños han sido víctimas de atrocidades que conmovieron la conciencia de la humanidad; donde los crímenes más graves no deben quedar sin castigo y que con él se debe poner fin a la impunidad de los autores, como mecanismo para que tales atrocidades no se vuelvan a repetir. La lógica es muy sencilla si se permite la impunidad a los actores por los hechos más graves, se abre nuevamente un ciclo de violencia política.

La Corte Penal Internacional es un órgano complementario, es decir, solamente actúa si las jurisdicciones nacionales no quieren, no pueden o sustraen a los responsables de los crímenes más graves del ejercicio de la justicia. Cuando un país adopta un marco normativo por debajo de los estándares internacionales no hace otra cosa que alertar al organismo internacional para que se active su competencia y aquí es donde opera el velo de la ignorancia.  Con la decisión de no adoptar el estándar establecido en el artículo 28 del Estatuto de Roma se abre el camino para que el organismo internacional, si políticamente lo considera, active su competencia e interprete esta parte del acuerdo como un conjunto de acciones jurídicas y políticas orientadas a la sustracción del ejercicio de la justicia, amnistías e indultos disfrazados y propicie que la responsabilidad de determinados perpetradores quede en la impunidad y se abra por esa vía nuevamente la violencia sistémica.

Ahora bien, ¿en qué situaciones podría operar el organismo internacional?  Esta pregunta en mi criterio, ya está resuelta por la propia Fiscalía de la Corte Penal Internacional, ésta ha señalado: Respecto a los responsables de las FARC y el ELN siempre que no se haga una adecuada ejecución de sentencias. En relación con los paramilitares, los casos relativos a personas que contribuyeron a la aparición, consolidación y expansión de estos grupos al margen de la ley y frente a los miembros de las fuerzas armadas; los mandos superiores por la comisión de crímenes como autores, o con respecto a su mando son responsables, especialmente de los denominados “falsos positivos”.

Con su decisión por voluntad propia, nuestras Fuerzas Militares están abriendo el camino para que el organismo internacional actúe casi que de facto; no han entendido la complementariedad positiva de la Fiscalía de la Corte Penal internacional, porque el organismo no actúa si el Estado muestra una voluntad “genuina” de cumplimiento frente sus compromisos internacionales libremente adquiridos. Nuevamente opera aquí la visión según la cual los organismos internacionales son una continuación del enemigo.

El artículo 28 del Estatuto establece la responsabilidad del superior y opera tanto para civiles como para militares, por ejemplo respecto a los ministros y viceministros de Defensa. En relación con hechos ocurridos antes, durante y después de los crímenes más graves; se opera en situaciones como la llamada omisión deliberada: el dejar hacer, dejar pasar. Aquí es muy importante señalar que los denominados falsos positivos llegaron a su paroxismo cuando el hoy Presidente Santos era ministro de Defensa, el informe realizado por el General Suárez (Inspector General de las Fuerzas Militares), Mónica Cifuentes (Asesora del Viceministerio de Defensa) y Carlos Franco Echavarría (Director del Programa Presidencial para los Derechos Humanos) sentaron las bases, además de otras medidas, para la toma de llamado a calificar servicios de 27 militares, entre ellos, varios generales no todos responsables de los falsos positivos y de la implementación de 11 medidas por parte de las Fuerzas Militares; esto es lo que se llama en el Derecho Internacional Penal como: contramedidas. 

Una posible intervención de la Fiscalía de la CPI operaría en relación con los superiores militares y civiles por hechos ocurridos, antes de la adopción de las medidas señaladas y posteriores a éstas. Si resultan en impunidad por no haber ejercido un control apropiado sobre esos subordinados, sin adoptar todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir su comisión y poner el asunto en conocimiento de las autoridades competentes a los efectos de su investigación y enjuiciamiento.

La inclusión del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Penal Internacional y del Derecho Internacional Humanitario como marco de interpretación en los acuerdos es una garantía del Estado respecto a la actuación de los organismos internacionales en su voluntad genuina y de buena fe para el cumplimiento de sus obligaciones internacionales. Los jueces, independientemente de la inclusión o no de los marcos jurídicos en los acuerdos, tienen que emitir sus fallos con fundamento en el bloque de constitucionalidad. Al no hacer precisión por ejemplo con la tipificación de los delitos y crímenes – principio de legalidad -  y el propio artículo 28, se dejan vacíos jurídicos que generan un nivel de inseguridad jurídica tal y como ha venido sucediendo con la jurisdicción de justicia y paz, abriendo las puertas para que operen los organismos internacionales como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Igualmente, los militares no se han percatado que adoptar el Derecho Operacional como marco de aplicación e interpretación normativa pude ser de por si problemática para ellos mismos, toda vez, que éste fue adoptado recientemente, a penas cuando Sergio Jaramillo fue viceministro.  ¿cuál será la fuente del derecho operacional aplicable, por ejemplo, en la vigencia de la Directiva 019 o los manuales de contrainsurgencia claramente violatorios de derechos humanos?

Dos reflexiones finales: i) algunos militares querrán someterse a la jurisdicción especial para efectos de obtener los beneficios de los acuerdos, otros eventualmente pueden ser llamados por la jurisdicción Especial caso en el cual gozarán de todas las garantías judiciales establecidas, que están incluidas en el Derecho Internacional. Si se toma como fuente de interpretación el marco normativo, igualmente se puede ocurrir en que otros quieran que sus casos sean revisados por la jurisdicción buscando una mejor suerte de tercera instancia y otros seguirán en el camino de la jurisdicción ordinaria con las consecuencias que ello implica; y, ii) El Estado debe analizar la opción de establecer una agenda de cooperación con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional como lo está haciendo con el Consejo de Seguridad con fundamento en la complementariedad positiva.

Carlos Julio Vargas Velandia

Asesor Independiente. Ex asesor Embajada de los Estados Unidos en Colombia, Programa Presidencial para los Derechos Humanos, PNUD, entre otros. Catedrático Universitario.

 Propuesta de ruta metodológica para la realización de Encuentros

locales para la retroalimentación de las propuestas de

diálogo nacional, pacto nacional de paz y mecanismo de participación ciudadana en la mesa de diálogo Gobierno-ELN

Con el anuncio realizado por el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional-ELN de dar inicio formal a las conversaciones públicas este 7 de febrero, nos disponemos con entusiasmo a realizar, el día sábado 4 de febrero de 2017, una serie de encuentros locales simultáneos que nos permitan, desde los territorios, retroalimentar las propuestas de diálogo nacional para un Pacto Nacional de Paz y el mecanismo de participación de la sociedad civil en la mesa de negociaciones.

Teniendo en cuenta que el primer punto del acuerdo de diálogo para la paz de Colombia, firmado por las partes, asume la Participación de la sociedad; los encuentros se realizarán en función a la generación de iniciativas y propuestas que hagan viable la paz en el marco de los temas de la agenda; se prevé como un ejercicio dinámico, activo, incluyente y pluralista que construya una visión común de paz. Las organizaciones sociales y constructoras de paz hemos venido elaborando una serie de acciones orientadas a lograr que la participación de la sociedad civil sea protagónica, decisoria, útil y transformadora, de tal manera que las propuestas e iniciativas, por ella elaboradas, sirvan para que las partes sentadas a la mesa (Gobierno-ELN), tomen las mejores decisiones en correspondencia con la iniciativa social y popular.

Teniendo en cuenta esos elementos, creemos necesario que la elaboración de la propuesta de participación debe ser amplia e incluyente en términos de convocatoria, cobertura territorial y aportes de los sectores sociales. Para ello, proyectamos realizar mínimo 100 encuentros locales y sectoriales en los cuales se delibere sobre unas propuestas iniciales que fueron elaboradas a través de varios encuentros de las diferentes organizaciones, redes y plataformas que conforman el comité de impulso a la Mesa Social de Paz.

Pretendemos que dichas propuestas sean fortalecidas desde la deliberación local, entendiendo por local el barrio, la vereda, la comuna, la localidad, el municipio, el departamento y la territorialidad de aquellas personas que en el exterior también deseen realizar un Encuentro.

La deliberación, además de asumir las propuestas previamente elaboradas por el comité de impulso a la Mesa Social de Paz, y las elaboradas por otras organizaciones y personas en el territorio, puede a su vez promover un primer acercamiento temático que dé cuenta de las principales propuestas que las organizaciones sociales y la ciudadanía tengan en relación con los temas que los negociadores en la mesa deben tratar, guardando relación con los puntos previamente acordados, como son democracia para la paz, las transformaciones para la paz y la reparación a las víctimas.

Con estos encuentros sumaremos muchas más voces al Pacto para el Gran Diálogo Nacional para la Paz que se suscribió en Bogotá el pasado 3 de noviembre de 2016, y avanzaremos en la construcción de un consenso sobre los mecanismos de participación y agendas de construcción de paz, que será entregado a la Mesa de Diálogo como un aporte de la sociedad.

 

Descarga  los Documentos guía para los Encuentros: 

 

 

Todo lo arrasa la corrupción. Todos los países, todos los gobiernos, todos los partidos son protagonistas en algún momento de escándalos por corrupción. Ninguna expresión política, derecha, centro, izquierda, queda a salvo de este flagelo. El descrédito generalizado de la política se debe en gran medida a la corrupción prácticamente universal.

 

La corrupción no se reduce al saqueo del erario público, ya de por sí catastrófico, sino que también hay corrupción en las múltiples formas de abuso de poder: el favorecimiento del interés privado sobre el público, la omisión de acciones de gobierno, el incumplimiento de programas y, en especial, de los fines sociales del Estado, la burla de la representación, participación y legítima protesta ciudadana, la manipulación de la información que nos traslada al mundo tan en boga de la post-verdad. Autoritarismo y guerrerismo basados en mentiras son formas monstruosas de corrupción.

A tal punto han llegado las prácticas corruptas que pueden inclusive afectar la decisión soberana de los electores considerada inexpugnable como se ha visto con el Brexit, el plebiscito sobre los acuerdos de paz en Colombia y la elección del 45° Presidente de los Estados Unidos que se acaba de posesionar en medio de indignada repugnancia por sus enfoques y de denuncias por injerencia externa para manipular al electorado.   

Siguiendo a Enrique Dussel en democracia hay corrupción cuando se deforma el acceso al poder, su mantenimiento o su reproducción. Agrego que hoy la corrupción tiene alcance sistémico y sentido de clase porque, si bien toda la sociedad se perjudica con ella, los más beneficiados son los ricos y poderosos y los más perjudicados son los pobres y débiles. Por eso hay hambre, exclusión, desplazamiento e inmigración incontenibles.

El 9 de diciembre es el día internacional contra la corrupción que antecede al día universal de los derechos humanos. Fácilmente comprensible que sean precisamente los derechos humanos de muchísima gente los grandes afectados con el desbordamiento de prácticas vitandas por inhumanas en el ejercicio de la política y la gestión de lo público (columna de Gustavo Gallón en este diario).
Colombia es un país con un altísimo nivel y múltiples formas de corrupción. Su costo en 2016 sería de 23 billones de pesos (recaudo de la reforma tributaria). En los últimos 11 años, ha aumentado el 600%. En cuanto a la proporción que existe entre la corrupción pública y la privada –dice Elizabeth Ungar, Directora de Transparencia Internacional en Colombia- no hay cifras que nos puedan dar una idea precisa. “Para bailar tango se necesitan dos”. Un botón de muestra, entre muchos, está en el caso de Odebrecht que Gustavo Petro ha ilustrado en video que puede verse en redes

Se están emprendiendo grandes acciones contra la corrupción: adopción de ley por plebiscito porque el Congreso se ha negado a penalizarla con rigor como se necesita, incidente control ciudadano, apropiación cultural de códigos éticos; Contraloría, Procuraduría y Fiscalía anuncian cumplir su papel…


Siempre, sin desmayo, hay que estar vigilantes para que el ejercicio político no se desvirtúe por la corrupción.

Pero “La ética sin más no garantiza la buena política; lo éticamente correcto no equivale a lo políticamente competente, aunque lo segundo requiere lo primero… no está de más recordarlo cuando abundan soluciones morales para problemas políticos y cuando hay alguien que se dedica a ponerlo todo perdido de principios. Un gobierno éticamente intachable no es necesariamente un buen gobierno, aunque no puede haber un buen gobierno si no se respetan unos mínimos éticos. Las comisiones y los códigos éticos tratan de asegurar esos mínimos, nada menos, pero nada más” (Innerarity, 2015).   

@luisisandoval 

                                                                                                      iasapax-christi-international                                                    clave