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Reconciliación Colombia es una iniciativa país que busca recuperar la confianza entre los colombianos de manera innovadora a través de un compromiso colectivo y de acciones concretas que buscan un país con un futuro reconciliado.
 
Este propósito se fundamenta en cuatro ejes fundamentales:

La “Alianza Colombia sin Heridas” fue creada POR ORGANIZACIÓN ES SOCIALES, para impulsar la aplicación de la Ley 1448 o Ley de Víctimas y restitución de tierras.  Está Integrada por: la Asociación de Discapacitados de Tibú, Campaña Colombiana contra las Minas, Campaña internacional para poner fin a la violación y a la violencia de género en situaciones de conflicto, Corporación Compromiso, Corporación Nuevo Arco Iris, Corporación Sisma Mujer, Forjando Futuros,  Fundación Visión y Gestión, Iniciativa de Mujeres por la Paz, Instituto Popular de Capacitación, Liga de Mujeres Desplazadas, Narrar para Vivir, Fundación Progresar, Movimiento Progresistas, Red de Mujeres Tejedoras de Vida del Putumayo, Tierra y Vida, el Partido Liberal Colombiano y Redepaz.

En este marco, hemos continuado potenciando nuestra acción conjunta en cuatro escenarios de acción: Incidencia Política, Movilización y organización de víctimas, Incidencia y acompañamiento al gobierno Nacional para efectos de desarrollo y aplicación de leyes y normas, incidencia y acompañamiento a gobiernos locales.  Leer mas

Proponemos un Gran Diálogo Nacional por la paz de Colombia en donde, diversos movimientos y organizaciones sociales nacionales y colombianos en general, confluyamos para trabajar e incentivar la participación de la sociedad civil y organizada en las negociaciones entre el ELN y el Gobierno colombiano en la búsqueda por la paz. La idea es generar un acuerdo Nacional que vincule organizaciones sociales y populares, autoridades departamentales y municipales, comunidades étnicas, iglesias y comunidades de fe, centros académicos, agremiaciones empresariales, partidos políticos, entre otros, que sirva de insumo principal en las negociaciones por la paz. 

Llamamiento de la Mesa Social para la Paz from Mesa Social para la Paz on Vimeo.

 

Facebook: www.facebook.com/MesaSocialParaLaPaz 

¿Quiénes somos?

Somos una coalición de organizaciones sociales y populares, eclesiales, defensoras de de derechos humanos, sindicales, ambientalistas y políticas que entendemos nuestra responsabilidad con la superación del conflicto armado y con la demanda histórica por un nuevo pacto democrático para Colombia.

En la búsqueda de este propósito, consideramos que es el momento de formalizar un espacio de diálogo y negociación nacional por la paz y la democracia que hemos llamado Mesa Social para la Paz. Se trata un escenario donde nos encontremos cara a cara el movimiento social popular y los poderes institucionales y económicos para debatir sobre los problemas que aquejan al país, acordar salidas eficaces a los conflictos sociopolíticos que determinan el conflicto armado y pactar las bases para una sociedad democrática, justa y en paz.

Participación de la sociedad: condición necesaria para avanzar en la construcción de Paz

Los diálogos entre el gobierno y las FARC se encuentran en una fase decisiva, en la cual deberán discutirse cruciales temas, entre otros, resolver cómo se abordarán las llamadas ‘salvaguardas’ que esa organización mantiene sobre la mesa de diálogo y los puntos ‘pendientes’ de acuerdo. Nos parece evidente que para dar un salto en este proceso particular se requiere la participación de la sociedad, que ha mostrado ser un elemento eficaz para destrabar momentos de la negociación. Esto se evidenció en el tratamiento de los derechos de las víctimas, donde su participación directa ha sido determinante para encontrar alternativas de justicia, verdad, reparación y no repetición, tal como lo reconocen las FARC y el Gobierno Nacional. Para subsanar esa necesidad de participación, varios actores políticos –no sólo las FARC– han señalado la necesidad de hacer realidad una Asamblea Constituyente que aborde esas temáticas y refrende los acuerdos.

Por otra parte, la proximidad de la instalación de una Mesa de Diálogo entre el Gobierno Nacional y el ELN exige un nuevo impulso a la participación social y ciudadana. Esta organización insurgente ha insistido en que la vinculación de la sociedad como sujeto activo en el proceso es un componente facilitador de sus diálogos directos con el gobierno, como quiera que es la sociedad –en su diversidad y pluralidad- la que debe superar, también mediante el diálogo y la negociación, buena parte de las contradicciones sociales y políticas que han dado lugar al conflicto armado. La información de los medios de comunicación y las declaraciones de los directos implicados permite considerar que el Gobierno Nacional y el ELN han acordado darle cabida a la participación decisoria de la sociedad en esos diálogos de paz.

 Comunicados: 

  1. Carta abierta a la mesa de negociaciones Gobierno – ELN | Colombia, junio 13 de 2017 VER
  2. Instamos a instalación de la fase pública de la negociación con el ELN y exigimos participación de la sociedad en la construcción de la paz

 La Mesa Social para la Paz es una iniciativa de distintas organizaciones sociales que han venido insistiendo en la importancia de la participación de la sociedad en el actual proceso de paz.

En este sentido, estas organizaciones han convocado al Gobierno Nacional, a los empresarios y a todos los sectores de la sociedad a un gran diálogo nacional para solucionar, entre todos, las causas estructurales del conflicto social, político y armado que vive el país.

En ese papel y valorando la importancia de un proceso de paz con presencia activa de la sociedad y propositivo entre el Gobierno Nacional y la guerrilla del ELN, nos sumamos en pleno al llamado ciudadano para que se desarrolle “una reunión urgente entre las delegaciones de ambas partes para definir el inicio de la mesa formal de conversaciones”. El país espera la noticia.

Éste es el momento que más comprensión y voluntad requiere en el proceso entre el Gobierno Nacional y el ELN para que aquél despunte a la sociedad. Por ello, y sabiendo que la paz es un derecho de todos los colombianos, le pedimos a las partes persistir y que la presión no sea el mecanismo de relacionamiento en este momento.

Reiteramos que la participación social en los procesos y definiciones de la paz debe ser de fundamental importancia y que se requieren espacios que permitan el diálogo y negociación nacional por la paz y la democracia, en perspectiva de construir la paz y avanzar en las grandes transformaciones que requiere el país para una paz justa y duradera. Esto busca ayudar a impulsar decisiones nacionales favorables a superar problemas como la exclusión, la pobreza y la injusticia que históricamente han alimentado la guerra y que no deben seguir traduciéndose en política pública del gobierno, como ha sucedido con preocupantes decisiones como la reciente venta de Isagen y la Ley de Zidres, entre otras políticas que perjudican la posibilidad de una paz sostenible y duradera.

En ese papel y valorando la importancia de un proceso de paz con presencia activa de la sociedad y propositivo entre el Gobierno Nacional y la guerrilla del ELN, nos sumamos en pleno al llamado ciudadano para que se desarrolle “una reunión urgente entre las delegaciones de ambas partes para definir el inicio de la mesa formal de conversaciones”. El país espera la noticia.

Éste es el momento que más comprensión y voluntad requiere en el proceso entre el Gobierno Nacional y el ELN para que aquél despunte a la sociedad. Por ello, y sabiendo que la paz es un derecho de todos los colombianos, le pedimos a las partes persistir y que la presión no sea el mecanismo de relacionamiento en este momento.

Reiteramos que la participación social en los procesos y definiciones de la paz debe ser de fundamental importancia y que se requieren espacios que permitan el diálogo y negociación nacional por la paz y la democracia, en perspectiva de construir la paz y avanzar en las grandes transformaciones que requiere el país para una paz justa y duradera. Esto busca ayudar a impulsar decisiones nacionales favorables a superar problemas como la exclusión, la pobreza y la injusticia que históricamente han alimentado la guerra y que no deben seguir traduciéndose en política pública del gobierno, como ha sucedido con preocupantes decisiones como la reciente venta de Isagen y la Ley de Zidres, entre otras políticas que perjudican la posibilidad de una paz sostenible y duradera.

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