luis emil

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Todo lo arrasa la corrupción. Todos los países, todos los gobiernos, todos los partidos son protagonistas en algún momento de escándalos por corrupción. Ninguna expresión política, derecha, centro, izquierda, queda a salvo de este flagelo. El descrédito generalizado de la política se debe en gran medida a la corrupción prácticamente universal.

 

La corrupción no se reduce al saqueo del erario público, ya de por sí catastrófico, sino que también hay corrupción en las múltiples formas de abuso de poder: el favorecimiento del interés privado sobre el público, la omisión de acciones de gobierno, el incumplimiento de programas y, en especial, de los fines sociales del Estado, la burla de la representación, participación y legítima protesta ciudadana, la manipulación de la información que nos traslada al mundo tan en boga de la post-verdad. Autoritarismo y guerrerismo basados en mentiras son formas monstruosas de corrupción.

A tal punto han llegado las prácticas corruptas que pueden inclusive afectar la decisión soberana de los electores considerada inexpugnable como se ha visto con el Brexit, el plebiscito sobre los acuerdos de paz en Colombia y la elección del 45° Presidente de los Estados Unidos que se acaba de posesionar en medio de indignada repugnancia por sus enfoques y de denuncias por injerencia externa para manipular al electorado.   

Siguiendo a Enrique Dussel en democracia hay corrupción cuando se deforma el acceso al poder, su mantenimiento o su reproducción. Agrego que hoy la corrupción tiene alcance sistémico y sentido de clase porque, si bien toda la sociedad se perjudica con ella, los más beneficiados son los ricos y poderosos y los más perjudicados son los pobres y débiles. Por eso hay hambre, exclusión, desplazamiento e inmigración incontenibles.

El 9 de diciembre es el día internacional contra la corrupción que antecede al día universal de los derechos humanos. Fácilmente comprensible que sean precisamente los derechos humanos de muchísima gente los grandes afectados con el desbordamiento de prácticas vitandas por inhumanas en el ejercicio de la política y la gestión de lo público (columna de Gustavo Gallón en este diario).
Colombia es un país con un altísimo nivel y múltiples formas de corrupción. Su costo en 2016 sería de 23 billones de pesos (recaudo de la reforma tributaria). En los últimos 11 años, ha aumentado el 600%. En cuanto a la proporción que existe entre la corrupción pública y la privada –dice Elizabeth Ungar, Directora de Transparencia Internacional en Colombia- no hay cifras que nos puedan dar una idea precisa. “Para bailar tango se necesitan dos”. Un botón de muestra, entre muchos, está en el caso de Odebrecht que Gustavo Petro ha ilustrado en video que puede verse en redes

Se están emprendiendo grandes acciones contra la corrupción: adopción de ley por plebiscito porque el Congreso se ha negado a penalizarla con rigor como se necesita, incidente control ciudadano, apropiación cultural de códigos éticos; Contraloría, Procuraduría y Fiscalía anuncian cumplir su papel…


Siempre, sin desmayo, hay que estar vigilantes para que el ejercicio político no se desvirtúe por la corrupción.

Pero “La ética sin más no garantiza la buena política; lo éticamente correcto no equivale a lo políticamente competente, aunque lo segundo requiere lo primero… no está de más recordarlo cuando abundan soluciones morales para problemas políticos y cuando hay alguien que se dedica a ponerlo todo perdido de principios. Un gobierno éticamente intachable no es necesariamente un buen gobierno, aunque no puede haber un buen gobierno si no se respetan unos mínimos éticos. Las comisiones y los códigos éticos tratan de asegurar esos mínimos, nada menos, pero nada más” (Innerarity, 2015).   

@luisisandoval 

Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, 
preocupada por aumento de la violencia en contra de líderes, lideresas,
defensores y población que habita zonas rurales
 
Bogotá, 2 de diciembre de 2016

 
 
 
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha observado durante el año 2016 una violencia persistente en contra de las personas que ejercen la labor de defensa de los derechos humanos en el país, en particular de quienes habitan zonas rurales.
 
Al 30 de noviembre de este año, la Oficina monitoreó con varias fuentes en terreno 35 atentados y 52 homicidios en contra de líderes y lideresas defensoras de Derechos Humanos. Cinco casos más de homicidios  se encuentran aún bajo nuestro análisis, y todos los casos están siendo trabajados a través del mecanismo establecido entre la Oficina y la Fiscalía.
 
Con preocupación, la Oficina observa que el 75 por ciento de las víctimas de homicidio desarrollaban su actividad en ámbitos rurales, y que los métodos de asesinatos y atentados manifiestan mayor grado de sofisticación para encubrir a los autores intelectuales.
 
El primer Acuerdo de Paz se firmó el 26 de septiembre. Desde esa fecha hasta hoy, han ocurrido 13 de los 57 homicidios registrados por la Oficina en 2016. Siete de ellos tuvieron lugar en áreas rurales –incluidos los homicidios recientemente perpetrados en Meta, Caquetá y Nariño- en donde las FARC-EP tenían presencia histórica, y están retirándose.
 
La Oficina observa la confluencia de dos características comunes en las áreas rurales donde han ocurrido estos homicidios:
 
1.     Por una parte la presencia histórica de las FARC-EP, quienes ante la firma del primer Acuerdo de Paz,  iniciaron su traslado hacia las zonas de pre agrupamiento, dejando un vacío en sus sitios históricos, donde actuaban imponiendo un “orden”.
 
Este vacío dejado por las FARC-EP, se profundizó ante la ausencia integral del Estado. Por ejemplo, si hay un problema entre vecinos, antes lo “regulaba” la FARC-EP, hoy lo “regula” la persona más fuerte, mediante el empleo del uso de la fuerza.
 
2.     En segundo lugar, en todas las zonas afectadas por la violencia en Colombia existen pocas alternativas económicas para la supervivencia de las personas, lo que ha llevado a la existencia de economías ilegales, como cultivos ilícitos y minería ilegal.
 
El vacío dejado por las FARC-EP, aunado a la presencia de economías ilícitas, ha favorecido  el surgimiento y expansión de todo tipo de criminalidad, incluyendo la entrada de otros grupos al margen de la ley, quienes se disputan el control de estas economías, afectando los derechos de las personas.       
 
 
“Hemos recaudado y analizado mucha información, recogida directamente por mi Oficina, que denota que el aumento de la violencia en contra de líderes, defensores y defensoras está relacionado con:
“a. El vacío dejado por las FARC-EP en áreas rurales
b. La ausencia del Estado
c. La percepción de ciertos actores que ven a los defensores y defensoras de derechos humanos como obstáculos para lograr sus intereses económicos y políticos
d. La estigmatización contra los y las defensoras
e. El uso de la fuerza para regular conflictos, por parte de la población
f. La disputa entre grupos al margen de la ley por el control de economías ilegales en esas zonas
g. Las pocas posibilidades económicas de subsistencia”, explicó Todd Howland, representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
 
La Oficina observó que esta dinámica de violencia no solo afecta a los líderes, defensores y defensoras, sino también a la población en general, situación que se agudiza por las condiciones de pobreza y marginación históricas, y por la falta de presencia institucional que persiste en zonas rurales de por los menos 22 departamentos del país. La Oficina ha observado este año que los departamentos más afectados por los homicidios contra defensores son Cauca, Antioquia, Norte de Santander y Valle del Cauca.
 
La Oficina reitera que el Estado colombiano debe garantizar la protección y seguridad de la población en general incluyendo a las y los defensores en el contexto actual, en especial por la importancia de su rol para la construcción de la paz y  la consolidación de una sociedad democrática. Estigmatizar a las defensoras y defensores, y señalarlos como colaboradores de grupos al margen de la ley, los pone en alto riesgo y obstaculiza su labor.
 
La Oficina convoca al Estado para que haga presencia integral en las áreas rurales, estableciendo una relación de confianza con las comunidades, y a que ponga en marcha políticas públicas para la materialización de los derechos económicos, sociales y culturales de la población, que permitan superar las causas estructurales de la violencia.
 
La Oficina urge a las entidades competentes del Estado –entre ellas: Alcaldías, Gobernaciones, Ministerios del Interior y a la Unidad Nacional de Protección- a que implementen políticas de prevención del riesgo, adopten medidas idóneas y eficaces para garantizar la vida y la seguridad de las personas, e incluyan y promuevan la participación de las comunidades a nivel político y económico.
 
La Oficina además insta al Ministerio de Justicia para que implemente el Programa de Sistemas Locales de Justicia para Gestionar Conflictividad Social, el cual permitirá comenzar a llenar  los vacíos en las zonas que dejan las FARC-EP, estableciendo mecanismos de convivencia y resolución de conflictos de acuerdo con la normatividad establecida en Colombia.
 
La Oficina llama a la Defensoría del Pueblo para que se fortalezca y despliegue defensores comunitarios en todas las zonas rurales donde la FARC-EP está dejando el territorio.
 
La Oficina insta a la Fiscalía General de la Nación, para que  continúe con su labor de priorización e impulso de las investigaciones que permitan identificar y sancionar a los autores intelectuales de los homicidios perpetrados, sin limitarse al autor material, al igual que a esclarecer los contextos y móviles en los cuales se producen los homicidios para brindar una respuesta integral.
 
Finalmente, la oficina exhorta a la Fuerza Pública a seguir fortaleciendo mecanismos internos  de supervisión y control, que promuevan la transparencia y el desarrollo adecuado de su actividad de conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos.

 

Manifiesto

#AcuerdoYa


Nosotros y nosotras, personas de la ciudad y del campo, que no representamos a ningún partido, ni hacemos parte de la institucionalidad, actuamos de manera libre y organizada, con un sentido incluyente y pacífico.

Nos juntamos en la Plaza de Bolívar a exigir la paz ahora y que se respete el cese bilateral al fuego!

Somos un reloj de tiempo que va marcando los días, las horas y los minutos que perdemos y en los que podemos rescatar el acuerdo.

No podemos retroceder en el esfuerzo para llevar el enfrentamiento de las balas al de las ideas.

Nuestra razón movilizadora, nuestro espíritu han sido y son las víctimas. Ellas han sido el ejemplo de perdonar y de avanzar, el ejemplo que queremos replicar.

Estamos aquí para:

1. Exigir un acuerdo YA!

2. El respeto al cese bilateral al fuego.

El campamento no se levanta hasta que tengamos seguridad de que el acuerdo se va a implementar.

Invitamos a todas y todos a que vengan a la plaza de Bolívar y a que en todo el país se sumen a esta iniciativa.

 

Comunicado del Campamento Permanente por la Paz

 

Nosotros somos hombres y mujeres, indígenas, afrodescendientes, campesinos, víctimas, estudiantes, profesionales, artistas y activistas, que sin haberlo planeado con anticipación hemos pasado ya siete días y ocho noches en la Plaza de Bolívar unidos por los mismos principios y la misma esperanza de que en un futuro muy próximo Colombia pueda vivir en paz. Desde la creación de este Campamento por la Paz en nuestro manifiesto acordamos que nuestras exigencias son: el cese al fuego bilateral y un acuerdo ya, que no implique retrocesos en derechos humanos ya acordados previamente.

Ni la lluvia, ni el frío, ni el sol nos han detenido; ni lo harán. Esto ha unido a miles de colombianos en el país y en el extranjero a formar parte de este tejido, en el que cada uno es un eslabón fundamental de la cadena. Muchos han apoyado a través de donaciones, de mensajes de aliento, cariño y atenciones. Todo el apoyo que hemos recibido solo demuestra una cosa: nosotros queremos lo mismo que Colombia. Es por ellos que estamos aquí.

Por eso, a una semana de la primera carpa en Plaza de Bolívar, solicitamos lo siguiente:

1. Que el cese al fuego bilateral y definitivo se mantenga hasta que los integrantes de las FARC-EP (en el marco de la implementación del Acuerdo Final) hayan hecho la dejación de las armas.
2. Que el Presidente Santos de a conocer una hoja de ruta concreta para destrabar la implementación de un Acuerdo Final antes del 31 de octubre de 2016.
3. Que el gobierno convoque un mecanismo de participación para este año 2016, con veeduría nacional e internacional para que este proceso esté enmarcado en la verdad y honestidad, que una decisión de este nivel histórico demanda.

Reiteramos, como lo hemos hecho todos estos días, que solo levantaremos el Campamento por la Paz cuando nuestras exigencias tengan una respuesta concreta.

¡Ni un paso atrás! ¡Queremos la Paz!

@CampamentoPaz

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Foto: AFP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señores:

Juan Manuel Santos C

Presidente de la República

Frank Joseph Pearl G, José Noé Ríos M, Jaime Avendaño L, Eduardo Herrera B, Paola A Celis S,Juan Esteban Ugarriza

 

Negociadores del Gobierno Nacional ante el ELN

Señores:

Nicolás Rodríguez Bautista

Comandante el ELN

Antonio García, Pablo Beltrán, Omaira Elena Vázquez, Manuel Gustavo Martínez, Jaime Torres, David Cañas Cajiao

 

Señores:

Dag Nylander, Hilde Salvesen, Torleif Kveim

Garantes Gobierno de Noruega

Juan Meriguet

Garante Gobierno de la República de Ecuador

Carlos Eduardo Martínez, Ramón Rodríguez C, Carola Martínez

Garantes Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela

Raúl Vergara Meneses

Garante República de Chile

Rodolfo Benítez V, Abel García R

Garantes República de Cuba

 

Respetadas y respetados negociadores de paz y garantes proceso de paz gobierno nacional-ELN.

Reciban ustedes el mayor reconocimiento de parte de la sociedad colombiana por los esfuerzos adelantados en la búsqueda de la paz y la reconciliación nacional.

Desde hace varias décadas, la sociedad colombiana ha venido manifestando su exigencia y compromiso con la búsqueda del fin del conflicto armado interno y la construcción de la paz integral a través de una diversidad de manifestaciones: en octubre de 1996, los niños y niñas manifestaron en las urnas la necesidad de que los adultos respetaran sus derechos, en especial los derechos a la vida y a la paz, en 1997, diez (10) millones de colombianos y colombianas mandatamos el fin del conflicto armado y el cese de todas las acciones en contra de la población civil y desde 1987 de manera ininterrumpida, importantes sectores de la sociedad colombiana organizamos y participamos de la Semana por la paz. Foros, marchas, seminarios, encuentros, actos culturales, caminatas, actos simbólicos, procesos de resistencia por la paz, procesos de participación ciudadana por la paz, etc., han marcado el accionar multicolor de la sociedad colombiana por la paz integral y la reconciliación en las últimas tres décadas.

El 30 de marzo del presente año, el Gobierno Nacional y el ELN dieron a conocer la agenda a través de la cual se llegaría a un acuerdo para ponerle fin a la confrontación armada entre el ELN y el Estado colombiano y para acordar las transformaciones políticas en búsqueda de una Colombia en paz y equitativa. Hecho que generó gran expectativa por el compromiso político, social y humanitario de las partes haciendo eco de la voz de la sociedad y el clamor de las víctimas.

Estamos ad portas del cierre definitivo del conflicto armado interno con las Fuerzas Armadas Revolucionarios de Colombia FARC – EP y la posibilidad que esto mismo suceda con el ELN. Como siempre, desde la sociedad civil, nos preparamos para respaldar, apoyar y participar con iniciativa y sin vacilaciones en los escenarios que para ello disponga la mesa de conversaciones y recibimos con beneplácito el papel que se le asigna dentro de los seis puntos acordados, a la participación ciudadana y comunitaria y el tratamiento a los derechos de las víctimas.

Para el desarrollo de la agenda las partes se han comprometido con el pueblo colombiano públicamente y sin otras consideraciones a:

1. Instalar una mesa de conversaciones pública en Ecuador

2. Las sesiones de la mesa se realizarán en Ecuador, Chile, Brasil y Cuba. Estos países junto con Noruega serán los garantes.

3. Adelantar conversaciones directas e ininterrumpidas entre las delegaciones de Gobierno y el ELN

4. Ejecutar con la mayor celeridad y rigurosidad la agenda

A cuatro (4) meses de haberse firmado dicho acuerdo y de haber sembrado la esperanza en un futuro mejor sin violencia en la política con el anuncio del pronto inicio de la fase pública, nos llena de incertidumbre y desconsuelo que dichas promesas pactadas bajo el testimonio de delegados de los países garantes, no se hayan materializado aún.

Somos conscientes que las partes mantengan diferencias sustanciales tanto políticas como ideológicas, y que atreverse a adelantar diálogos de paz en medio de la confrontación, siempre pondrá sobre la mesa y fuera de ella, algún tipo de reclamo, sobre todo, si dicha confrontación, como es el caso, afecta a la población civil.

Señoras y señores, ya ustedes han pactado una agenda, ya se han construido unas confianzas, ya el proceso cuenta con gobiernos amigos que sirven de anfitriones y garantes, y hay un pueblo que cada día se convence más de las bondades de las negociaciones de paz. De Ustedes depende que esta sociedad que ha soportado la exclusión y la violencia, crean en la posibilidad real de un país mejor como proyecto nacional.

Hoy más que nunca, estamos convencidos que la solución pacífica y negociada del conflicto armado es posible. Este es el único camino que nos conducirá prontamente a la reconciliación, pues posibilitará la generación de espacios democráticos para las transformaciones sociales, económicas y políticas que requiere el país.

Frente a la dilación en la instalación de la mesa pública de conversaciones, los instamos a: retomar los canales de entendimiento; dar inicio, conforme fue su promesa pública, a las conversaciones directas e ininterrumpidas; tratar en un escenario propio de la mesa, de forma expedida y sin aplazamientos, las diferencias y la búsqueda de acuerdos encaminados a excluir a la población civil del conflicto armado; desescalar la confrontación armada y verbal, garantizando la vida, la dignidad y la libertad de los colombianos frente a conductas tales como el secuestro, la desaparición forzada, los ataques contra la población y su infraestructura económica y la judicialización de la protesta social; y, promover un ambiente de respeto de la participación ciudadana y comunitaria sin calificativos o señalamientos. Al instalarse la mesa podría iniciar la conversación, abordando el tema de situaciones y dinámicas humanitarias.

En estos momentos, cuando el país se prepara para votar el plebiscito refrendatario del Acuerdo Final de la Mesa de La Habana, el inicio de la fase pública de las negociaciones Gobierno-ELN, se convertiría en un potente dinamizador de la participación de la sociedad civil en la búsqueda de la paz completa y sostenible, viabilizando un elemento medular de su negociación específica.

El llamado es a retomar sin vacilaciones la senda del entendimiento civilizado, de la negociación de la agenda pactada y de las garantías para una cabal participación de la sociedad en el proceso.

Atentamente,

Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y Contra la Guerra – REDEPAZ, Iniciativa de Mujeres por la Paz-IMP, Pastoral Social de la Conferencia Episcopal de Colombia, Campaña Colombiana contra Minas antipersonal, Corporación Nuevo Arco Iris, Confederación General del Trabajo-CGT, Corporación “Aguachica Modelo de Paz”, Fundación para la Paz de La GuajiraFUPAZGUA, Red de Madres Por la Vida, Red de Mujeres de Montes de María - NARRAR PARA VIVIR, Confederación Nacional de Acción Comunal, Fundación Paz y Reconciliación, Asociación Viudas víctimas de la violencia unidas por la paz - VIUNPA, Fundación para el Desarrollo Humano Comunitario –FUNDEHUMAC, Movimiento social discapacidad Colombia – MOSODIC, MENCOLDES, Asociación ABC-PAZ, Fundación para la Reconciliación, Colectivo de Abogados José Alvear R – CAJAR, Fundación Domo Internacional para la Paz – DOMOPAZ, SISMAMUJER, Instituto Popular de Capacitación – IPC, Campaña “Por una paz completa”, Programa “Puentes para la paz”, Casa de paz para la mujer, Corporación de mujeres víctimas del conflicto armado “Cacica Guaitipan”, Asociación de jóvenes por el Guaviare, Procesos comunales por el Caquetá, Asociación de mujeres campesinas cabeza de familia y empresarias “CAFÉ”, Mesa por la Vida de Medellín, Corporación Las Sabinas, Fundación TierraPatria, Asociación de mujeres tejiendo paz con justicia social de Magangué, Organización Waywmunsurat “mujeres tejiendo paz”, Fundación Nueva Tierra, Asociación Afrocolombiana Damos Vida, Fundación para la paz del sur de Colombia “Bitácora Ciudadana”, Fundación Aldea Global, Madres por la Vida de Buenaventura, Fundación Manglares y Raizales del Pacífico, Consultiva de mujeres distrital-Buenaventura, Red de mariposas construyendo futuro, Consejo Comunitario La Gloria, Mesa de Víctimas de Buenaventura, Asociación de mujeres lideresas del pacífico colombiano ASOLIPNAR-Nariño, Cabildo Indigena Popayán de Canalete, JAC vereda punta verde de Planeta Rica, Fundación Sin Fronteras, Red de organizaciones sociales de mujeres de cordoba ROSMUC, CETAP Montería estudiantes de la ESAP Córdoba, Consejo Comunitario de familias afrodescendientes de Tierralta, Fundación Integral Tierralta construye paz, Jóvenes constructores de paz de Redepaz, Resguardo Indigena Zenú Alto San Jorge, Fundación Zenderos, Corporación Vida en Primavera - CORVIPRI, Un Millon de Mujeres de Paz, Fundación TAPISKA, Asociación de mujeres víctimas de Bolívar, Organización Tejiendo Paz con Justicia Social, Asociación de víctimas de Tiquisio Nuevo, Asociación de Víctimas de San Fernando-Bolívar, Asociación de víctimas La Prosperidad, Proceso Ciudadano por Tiquisio, Asociación de desplazados de Quebrada del Medio, Asociación Nacional de VictimasGERMINAR, Asociación de Víctimas NAZAKIWI “El poder de la Unión”, Asociación NASA, Mesa por la convivencia y la Paz de Nococlí, Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare-ATCC, Movimientos Campesinos Sin Tierra- Comuneros de Santander, Escuela Popular Constituyente de Antioquia, Ataco sujeto de Reparación, Asamblea Municipal Constituyente del Retiro, Asamblea Municipal Constituyente de La Argentina, Mesa de Participación de Víctimas San Juan Nepomuceno, Corporación TRANSFORMANDO, Corporación PRODESAR, Corporación CORFACOL, Asociación para la reconciliación paz y amor para la sociedad ARPAS, Fundación AFRODEVIC-GIRON, Asociación de desplazados de Lebrija, Red Regional Agua para la Vida departamento de Santander, ASODEVIMO, Asociación MOGOTES PUEBLO SOBERANO (primer premio nacional de paz), Asociación Acueductos Veredales de Santander, METNCORPADES, Asociación Colombiana por la reconciliación y la paz de las víctimas del conflicto armado- REVPAZ, Fundación para una Nueva Vida - FUNUVIDA.

Iván Cepeda V, Jhon Jairo Salinas, Luis Eduardo Celis, Gladys Stella Macías, Álvaro Jiménez M, Luis I Sandoval M, Yolanda Zuluaga, Luis Emil Sanabria D, Mons. Héctor Fabio Henao, María Fernanda Carrascal, Jaime Gutiérrez Ospina, Alba Luz González Martínez, Carlos Mario Perea Restrepo, Rafael Mesa P, Jesús Vargas A, Dorys Ardila, P. Leonel Narváez, Ana Teresa Bernal M, Adriana Rodríguez, Luis Guillermo Pérez, José Manuel Menco, Aldemar Díaz Zúñiga, Alfonso Romero, Jhon Elver Berrio, Mario Alejandro Lemus M, Ramiro Reyes, Orlando Zapato, Baltazar Castañeda, Lucindo Vidal, Fidel Noguera, Armando Herrera, Rafael Mesa P, Oscar Goyeneche, Ofelia Afanador C, Carlos Alberto Monsalve, José Jaimes Gutiérrez, H. Gabriel Rondón O, Jaime Zuluaga, Jaime Galarza S, Jefferson Jaramillo, José Aristizabal.

 

Remite: Carrera 10 N° 19 – 65 oficina 905, Bogotá D.C.

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Luis Emil Sanabria Durán Representante Legal - REDEPAZ

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