Desafíos en el camino hacia la paz
La construcción de paz en Colombia enfrenta numerosos desafíos debido a la complejidad histórica, social y económica del conflicto armado. A pesar de los avances logrados, persisten retos estructurales y coyunturales que dificultan consolidar una paz integral y sostenible.
Estos desafíos requieren replantear las estrategias actuales, poniendo un énfasis particular en el enfoque territorial. Superar las causas estructurales del conflicto como la pobreza, la falta de acceso a servicios básicos, la débil cobertura en salud y educación, así como erradicar el narcotráfico, la minería ilegal y el lavado de activos, son acciones fundamentales.
Desafíos en el camino hacia la paz
La construcción de paz en Colombia enfrenta numerosos desafíos debido a la complejidad histórica, social y económica del conflicto armado. A pesar de los avances logrados, persisten retos estructurales y coyunturales que dificultan consolidar una paz integral y sostenible.
Estos desafíos requieren replantear las estrategias actuales, poniendo un énfasis particular en el enfoque territorial. Superar las causas estructurales del conflicto como la pobreza, la falta de acceso a servicios básicos, la débil cobertura en salud y educación, así como erradicar el narcotráfico, la minería ilegal y el lavado de activos, son acciones fundamentales.
- Disidencias de las FARC: La presencia de múltiples facciones disidentes, complica la negociación nacional y el control territorial por parte del Estado. El fortalecimiento de estrategias de financiación ligadas al narcotráfico, el secuestro y el reclutamiento de menores, afectan negativamente los territorios en donde operan.
- Ejército de Liberación Nacional (ELN): Este grupo sigue ejerciendo violencia, especialmente en regiones como el Catatumbo, Chocó, Arauca y Cauca. Su decisión de continuar en la lucha armada y su análisis sobre la eficacia de esta estrategia, dificulta avanzar en un proceso real de diálogo y negociación para superar el conflicto.
- Narcotráfico y economías ilegales: La financiación de estos grupos a través del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión, sigue siendo un obstáculo significativo para la construcción de paz.
- Reforma rural integral: La distribución y acceso a tierras para campesinos avanza lentamente, afectando la confianza en el proceso de paz.
- Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET): La falta de recursos y la burocracia han ralentizado la ejecución de proyectos en las regiones más afectadas por el conflicto.
- Reincorporación de excombatientes: La inseguridad y los asesinatos de excombatientes dificultan los procesos de reintegración económica y social.
- Asesinatos y amenazas: Colombia sigue registrando uno de los índices más altos de asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos en el mundo.
- Impunidad: La falta de investigaciones efectivas y condenas para los responsables perpetúa la violencia contra estos líderes.
- Infraestructura y servicios básicos: La ausencia de infraestructura vial, de salud y de educación en zonas rurales impide el desarrollo sostenible y facilita la presencia de grupos armados.
- Falta de autoridad estatal: La debilidad institucional permite que actores ilegales ocupen el vacío dejado por el Estado.
- Fracaso en la sustitución voluntaria: Los programas de sustitución de cultivos de coca han tenido un impacto limitado debido a la falta de alternativas económicas viables y los retrasos en la implementación.
- Conflicto territorial: La disputa entre grupos armados por el control de rutas y territorios cocaleros aumenta la violencia.
- División política: La polarización entre sectores políticos dificulta la continuidad y el apoyo a los acuerdos de paz. Sectores políticos han convertido la paz en argumento de oposición política.
- Legislación y marco jurídico: Los debates sobre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la justicia transicional reflejan profundas divisiones en el Congreso y la sociedad.
- Limitaciones de la JEP: La lentitud de los procesos judiciales y la falta de cooperación de algunos actores impiden avanzar en la verdad y la justicia para las víctimas.
- Reparación a las víctimas: Los recursos destinados a indemnizaciones y proyectos de reparación son insuficientes.
- Recrudecimiento del desplazamiento: La disputa entre grupos armados ha provocado nuevas olas de desplazamiento, especialmente en el Pacífico y el Catatumbo. El fenómeno del confinamiento es un nuevo reto que golpea a las comunidades.
- Atención a desplazados: Los programas de asistencia a víctimas son insuficientes para responder a la magnitud de la crisis humanitaria.
- Falta de información y pedagogía: La ausencia de campañas efectivas de pedagogía para la paz ha generado desconocimiento y desconfianza en el proceso.
- Incumplimientos: Los retrasos y la percepción de incumplimientos por parte del Gobierno han deteriorado la confianza en los acuerdos.
- Enfoque de género y étnico: La implementación de los capítulos étnicos y de género en el acuerdo de paz avanza lentamente, dejando a comunidades indígenas, afrodescendientes y mujeres en una situación de rezago.
- Juventud y educación: La falta de oportunidades educativas y laborales para los jóvenes en zonas rurales aumenta el riesgo de reclutamiento por grupos armados.
- Disidencias de las FARC: La presencia de múltiples facciones disidentes, complica la negociación nacional y el control territorial por parte del Estado. El fortalecimiento de estrategias de financiación ligadas al narcotráfico, el secuestro y el reclutamiento de menores, afectan negativamente los territorios en donde operan.
- Ejército de Liberación Nacional (ELN): Este grupo sigue ejerciendo violencia, especialmente en regiones como el Catatumbo, Chocó, Arauca y Cauca. Su decisión de continuar en la lucha armada y su análisis sobre la eficacia de esta estrategia, dificulta avanzar en un proceso real de diálogo y negociación para superar el conflicto.
- Narcotráfico y economías ilegales: La financiación de estos grupos a través del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión, sigue siendo un obstáculo significativo para la construcción de paz.
- Reforma rural integral: La distribución y acceso a tierras para campesinos avanza lentamente, afectando la confianza en el proceso de paz.
- Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET): La falta de recursos y la burocracia han ralentizado la ejecución de proyectos en las regiones más afectadas por el conflicto.
- Reincorporación de excombatientes: La inseguridad y los asesinatos de excombatientes dificultan los procesos de reintegración económica y social.
- Asesinatos y amenazas: Colombia sigue registrando uno de los índices más altos de asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos en el mundo.
- Impunidad: La falta de investigaciones efectivas y condenas para los responsables perpetúa la violencia contra estos líderes.
- Infraestructura y servicios básicos: La ausencia de infraestructura vial, de salud y de educación en zonas rurales impide el desarrollo sostenible y facilita la presencia de grupos armados.
- Falta de autoridad estatal: La debilidad institucional permite que actores ilegales ocupen el vacío dejado por el Estado.
- Fracaso en la sustitución voluntaria: Los programas de sustitución de cultivos de coca han tenido un impacto limitado debido a la falta de alternativas económicas viables y los retrasos en la implementación.
- Conflicto territorial: La disputa entre grupos armados por el control de rutas y territorios cocaleros aumenta la violencia.
- División política: La polarización entre sectores políticos dificulta la continuidad y el apoyo a los acuerdos de paz. Sectores políticos han convertido la paz en argumento de oposición política.
- Legislación y marco jurídico: Los debates sobre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la justicia transicional reflejan profundas divisiones en el Congreso y la sociedad.
- Limitaciones de la JEP: La lentitud de los procesos judiciales y la falta de cooperación de algunos actores impiden avanzar en la verdad y la justicia para las víctimas.
- Reparación a las víctimas: Los recursos destinados a indemnizaciones y proyectos de reparación son insuficientes.
- Recrudecimiento del desplazamiento: La disputa entre grupos armados ha provocado nuevas olas de desplazamiento, especialmente en el Pacífico y el Catatumbo. El fenómeno del confinamiento es un nuevo reto que golpea a las comunidades.
- Atención a desplazados: Los programas de asistencia a víctimas son insuficientes para responder a la magnitud de la crisis humanitaria.
- Falta de información y pedagogía: La ausencia de campañas efectivas de pedagogía para la paz ha generado desconocimiento y desconfianza en el proceso.
- Incumplimientos: Los retrasos y la percepción de incumplimientos por parte del Gobierno han deteriorado la confianza en los acuerdos.
- Enfoque de género y étnico: La implementación de los capítulos étnicos y de género en el acuerdo de paz avanza lentamente, dejando a comunidades indígenas, afrodescendientes y mujeres en una situación de rezago.
- Juventud y educación: La falta de oportunidades educativas y laborales para los jóvenes en zonas rurales aumenta el riesgo de reclutamiento por grupos armados.