Una mirada general del conflicto colombiano
Colombia ha sufrido durante más de seis décadas un conflicto armado interno, cuyas raíces se encuentran en conflictos históricos no resueltos estructuralmente, los cuales han impactado la organización administrativa, social, cultural, económica y política del país.
Actualmente, el conflicto se presenta de manera fragmentada en múltiples focos, algunos de carácter nacional y otros regional, que se mezclan en el territorio con causalidades, comportamientos y consecuencias diferentes, lo que dificulta su comprensión y resolución.
Principales actores del conflicto
Grupos como el ELN, las disidencias de las FARC- Segunda Marquetalia y las disidencias de las FARC-Estado Mayor de Bloques y Frentes, han pasado de ser grupos insurgentes de carácter político a organizaciones involucradas en delitos comunes, no siempre relacionados con el delito político.
Además de enfrentarse entre sí para imponer hegemonías territoriales, económicas y sociales, han sido responsables de graves violaciones a los Derechos Humanos, como secuestros, desplazamientos forzados, reclutamiento de menores, asesinatos, extorsiones, violencia sexual y de género, entre otras.
Con estas acciones, buscan obtener ventaja militar, dominar organizaciones sociales, ganar reconocimiento, imponer dominio político, apoderarse de negocios ilegales y/o acceder a recursos de la administración pública para fortalecer su estructura militar.
Conocidos también como estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto (EAOCAI) y herederos del paramilitarismo o bandas criminales, estos grupos incluyen organizaciones como el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, las Autodefensas de la Sierra-Pachengas, Los Rastrojos, El Tren de Aragua, entre otros. Están dedicados a la delincuencia común o al crimen organizado y han sido responsables de graves delitos violatorios de los derechos fundamentales y de infracciones al DIH en el marco del conflicto armado, como reclutamiento de menores, desplazamiento forzado, asesinato de líderes y lideresas sociales, sindicales y políticos, entre otros.
Su objetivo principal es el enriquecimiento individual y/o familiar y se han visto involucrados en fenómenos como la corrupción, el lavado de activos y la trata de personas. Además, se oponen a iniciativas como la Reforma Rural Integral y a la participación ciudadana, negando la vigencia e importancia de los Derechos Humanos.
Finalmente, mantienen alianzas con funcionarios públicos, lo que les permite permear las estructuras del Estado, definir la gobernabilidad en algunos territorios (alcaldías y gobernaciones), corromper la justicia y decidir la representatividad política en las Asambleas Departamentales, los Concejos Municipales y el Congreso de la República.
Las Fuerzas Armadas (Ejército, Fuerza Aérea, Armada) y la Policía de Colombia han sido influenciadas por la llamada doctrina de seguridad nacional (Rivera, 2002), que promueve una «guerra de baja intensidad», tal como se definió en la política de cooperación militar y de seguridad del hemisferio, impulsada por los Estados Unidos en la región.
Su misión principal es combatir a las organizaciones guerrilleras y paramilitares. Sin embargo, en el transcurso del conflicto, también se han visto involucradas en escándalos relacionados con graves violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Una mirada general del conflicto colombiano
Colombia ha sufrido durante más de seis décadas un conflicto armado interno, cuyas raíces se encuentran en conflictos históricos no resueltos estructuralmente, los cuales han impactado la organización administrativa, social, cultural, económica y política del país.
Actualmente, el conflicto se presenta de manera fragmentada en múltiples focos, algunos de carácter nacional y otros regional, que se mezclan en el territorio con causalidades, comportamientos y consecuencias diferentes, lo que dificulta su comprensión y resolución.
Principales actores del conflicto
Grupos como el ELN, las disidencias de las FARC- Segunda Marquetalia y las disidencias de las FARC-Estado Mayor de Bloques y Frentes, han pasado de ser grupos insurgentes de carácter político a organizaciones involucradas en delitos comunes, no siempre relacionados con el delito político.
Además de enfrentarse entre sí para imponer hegemonías territoriales, económicas y sociales, han sido responsables de graves violaciones a los Derechos Humanos, como secuestros, desplazamientos forzados, reclutamiento de menores, asesinatos, extorsiones, violencia sexual y de género, entre otras.
Con estas acciones, buscan obtener ventaja militar, dominar organizaciones sociales, ganar reconocimiento, imponer dominio político, apoderarse de negocios ilegales y/o acceder a recursos de la administración pública para fortalecer su estructura militar.
Conocidos también como estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto (EAOCAI) y herederos del paramilitarismo o bandas criminales, estos grupos incluyen organizaciones como el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, las Autodefensas de la Sierra-Pachengas, Los Rastrojos, El Tren de Aragua, entre otros. Están dedicados a la delincuencia común o al crimen organizado y han sido responsables de graves delitos violatorios de los derechos fundamentales y de infracciones al DIH en el marco del conflicto armado, como reclutamiento de menores, desplazamiento forzado, asesinato de líderes y lideresas sociales, sindicales y políticos, entre otros.
Su objetivo principal es el enriquecimiento individual y/o familiar y se han visto involucrados en fenómenos como la corrupción, el lavado de activos y la trata de personas. Además, se oponen a iniciativas como la Reforma Rural Integral y a la participación ciudadana, negando la vigencia e importancia de los Derechos Humanos.
Finalmente, mantienen alianzas con funcionarios públicos, lo que les permite permear las estructuras del Estado, definir la gobernabilidad en algunos territorios (alcaldías y gobernaciones), corromper la justicia y decidir la representatividad política en las Asambleas Departamentales, los Concejos Municipales y el Congreso de la República.
Las Fuerzas Armadas (Ejército, Fuerza Aérea, Armada) y la Policía de Colombia han sido influenciadas por la llamada doctrina de seguridad nacional (Rivera, 2002), que promueve una «guerra de baja intensidad», tal como se definió en la política de cooperación militar y de seguridad del hemisferio, impulsada por los Estados Unidos en la región.
Su misión principal es combatir a las organizaciones guerrilleras y paramilitares. Sin embargo, en el transcurso del conflicto, también se han visto involucradas en escándalos relacionados con graves violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Nuevos conflictos, nuevas violencias
Más allá de los conflictos armados convencionales, Colombia enfrenta hoy un entramado de conflictos sociales y ambientales en creciente tensión. Las protestas sociales de 2020-2022, el auge del extractivismo, el cambio climático, el despojo territorial y la exclusión sistemática de pueblos étnicos y comunidades rurales, han desencadenado nuevas formas de movilización y también de represión.
A esto se suman las violencias derivadas de las economías ilegales, que han tejido una red transnacional de crimen donde confluyen el narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de personas y el contrabando, reconfigurando las causas y expresiones del conflicto armado.
Nuevos conflictos, nuevas violencias
Más allá de los conflictos armados convencionales, Colombia enfrenta hoy un entramado de conflictos sociales y ambientales en creciente tensión. Las protestas sociales de 2020-2022, el auge del extractivismo, el cambio climático, el despojo territorial y la exclusión sistemática de pueblos étnicos y comunidades rurales, han desencadenado nuevas formas de movilización y también de represión.
A esto se suman las violencias derivadas de las economías ilegales, que han tejido una red transnacional de crimen donde confluyen el narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de personas y el contrabando, reconfigurando las causas y expresiones del conflicto armado.